El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció este domingo que ha separado de sus funciones a los trabajadores implicados en un caso de soborno en el Establecimiento Penitenciario de Callao, según un reportaje periodístico.
A través de un comunicado, el INPE precisó que la actual gestión recibió, de fuente reservado, el video en el que se observa a dos trabajadores recibiendo dinero de un interno del pabellón 4 del referido penal.
«De inmediato se dispuso que la Procuraduría Pública denuncie ante el Ministerio Público tanto a los servidores penitenciarios como al interno», señaló.
La Oficina de Asuntos Internos inició indagaciones preliminares, tras lo cual determinó que los hechos habrían ocurrido en el mes de junio de 2022.
«Como consecuencia, se ha iniciado el proceso administrativo disciplinario correspondiente a los servidores, quienes han sido separados de sus funciones en tanto dure el procedimiento sancionador», explicó.
La institución indicó que, en relación al reo que realizó el soborno, se determinó el aislamiento del mismo por 30 días, el cual se viene cumpliendo, sin perjuicio de que la autoridad del penal disponga su traslado de considerarlo así.
Asimismo, señaló que procederá con denunciar penalmente por medio de la Procuraduría Pública ante la Fiscalía al servidor hallado en circunstancias similares y tomará las acciones administrativas correspondientes contra este.
Por otro lado, respecto al caso de un interno siendo agredido por otro, el INPE mencionó que el Consejo Nacional Penitenciario ya ha tomado acciones al disponer que la Procuraduría Pública presente la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, lo cual implicaría un nuevo proceso penal para el agresor por delitos sancionados con penas altas.
«Adicionalmente, el interno identificado como el agresor, ha sido aislado en el ambiente de meditación, será procesado administrativamente y se evaluará su traslado a un penal de máxima seguridad», refirió.
La institución invocó a la ciudadanía a continuar denunciando estos hechos que vulneran y afectan la seguridad de los establecimientos penitencarios mediante vía telefónica, correo o de manera presencial en la Oficina de Asuntos Internos.