El Congreso de la República oficializó la inhabilitación por cinco años para el ejercicio de función pública y la formación de causa penal contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Ello a través de las resoluciones legislativas 024-2022-2023-CR y 025-2022-2023-CR, respectivamente, publicadas en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Así, la primera resolución ya mencionada resuelve «inhabilitar por cinco años para el ejercicio de la función pública» a la exfiscal Ávalos.
Del mismo modo, la siguiente resolución dispuso «declarar haber lugar a la formación de causa penal» contra Ávalos por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio del Estado.
Ambas medidas fueron aprobadas durante la sesión plenario del pasado miércoles 21 de junio, donde se debatió y votó por la acusación en su contra por la presunta comisión del delito de Omisión, Rehusamiento o Demora de Actos Funcionales.
Los hechos se remontan al 4 de enero del 2022 cuando el Ministerio Público informó que la entonces Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió investigación preliminar al también entonces presidente Pedro Castillo Terrones, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública (tráfico de influencias agravado, en su calidad de autor) y colusión (en calidad de partícipe), en agravio del Estado.
La investigación preliminar a Castillo Terrones se sustentó en la facultad prevista en el artículo 117° de la Constitución. Sin embargo, el Ministerio Público indicó que «el inicio de los actos de investigación» quedaba suspendido hasta la culminación de su mandato «en razón de su inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal».
Es decir en un mismo acto la Fiscalía de la Nación anunció el inicio de una investigación preliminar a Castillo Terrones y también la suspensión de todas las diligencias que esa decisión podía generar.
Ambos dispositivos legales llevan la firma del Presidente del Congreso de la República, José Williams Zapata, y de la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano Delgado.