La Procuraduría General del Estado solicitó el inicio de diligencias preliminares contra el congresista Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular), acusado de presuntamente recortar el sueldo a trabajadores de su despacho.
La entidad señaló que dichas acciones se efectuarán por la presunta comisión del delito de concusión y, alternativamente, cohecho en agravio del Estado.
“Procuraduría General del Estado solicitó el inicio de diligencias preliminares contra el congresista Jorge Luis Flores Ancachi por la presunta comisión del delito de concusión y, alternativamente, cohecho en agravio del Estado”, informaron a través de su cuenta de Twitter.
Una denuncia periodística de Cuarto Poder reveló que el parlamentario habría pedido a su personal que les entreguen el 10% de su salario, así como el 50% de los bonos que perciben, de acuerdo con un audio grabado en enero del presente año.
“Con ustedes había quedado bien claro de que ustedes nos iban a apoyar con el 10 por ciento (de su sueldo), yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos al 50 (por ciento). Lo han cumplido, en el caso de ustedes, pero no veo esa voluntad, no veo que lo hagan, digamos, con ese mismo cariño que lo hacen los demás”, se oye decir a Flores Ancachi.
El legislador aseguró también que le ofrecieron 250 mil dólares a cambio de ceder puestos en su despacho, como el del secretario técnico, en lugar de traer él mismo a su personal. “Lamentablemente perdí esa gran oportunidad”, sostuvo el congresista de Acción Popular.
El parlamentario menciona también a sus trabajadores que no es el único en el Congreso que realiza esta práctica y señala incluso que su colega de bancada María del Carmen Alva le dio instrucciones para estas contrataciones, lo que fue rechazado por la legisladora en el reportaje.
Como se recuerda, Flores Ancachi fue impedido de viajar fuera del país la semana pasada rumbo a China, ello debido a una requisitoria por un proceso judicial que se le sigue en Puno por el presunto delito de peculado doloso.
Además de él, otros ocho congresistas han sido acusados de apropiarse de parte de su sueldo a sus trabajadores. Ellos son Heidy Juárez (Podemos Perú); Magaly Ruiz y Rosio Torres (Alianza Para el Progreso); Katy Ugarte (no agrupada); María Cordero (expulsada de Fuerza Popular), Edgar Tello (Bloque Magisterial); José Arriola y Marleny Portero (Acción Popular).