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Lambayeque: Contraloría detecta perjuicio de 390,000 soles en municipio de Pítipo

Además, identifica presunta responsabilidad penal en un exfuncionario y cuatro exservidores municipales

La Contraloría detectó un perjuicio de 390,620 soles en el municipio distrital de Pítipo, provincia de Ferreñafe, en la región Lambayeque, causado por pagos irregulares a servidores edilicios y a una empresa proveedora con recursos provenientes de proyectos de agua y saneamiento.

Los proyectos involucrados son la instalación del sistema de agua potable y alcantarillado de las localidades de Pativilca, Santa Clara, Sime y Los Aguilares, así como del sistema de agua potable de San Luis, Jabonero y otros.

Según el Informe de Control Específico N° 30383-2022-CG/GRLA-SCE, que evaluó el periodo abril-diciembre 2017, la municipalidad emitió 196 cheques pagadores sin registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y sin la documentación que sustente la obligación del pago o el gasto.

Los cheques fueron girados por 358,690 soles a nombre de servidores ediles: 107 cheques se giraron a nombre del jefe de Tesorería (221,030 soles), otros 42 a nombre del jefe de Abastecimiento (74,619 soles) y 47 cheques a nombre del asistente de la Unidad de Tesorería (63,041 soles). 

De esa forma, también se emitieron cheques pagadores por 31,930 soles a nombre de una proveedora de útiles de oficina, muebles y computadoras que no tuvo relación alguna con el proyecto.

Según la gerente general de la firma proveedora, con el importe de 7 cheques girados a nombre de su empresa se procedió a cancelar –entre otros– 10 facturas y una boleta de venta.

Sin embargo, la Contraloría demostró que éstas fueron pagadas por la municipalidad mediante otros comprobantes y transferencias bancarias registradas en el SIAF, por lo que la versión de la titular de la empresa no fue acreditada.

Presunta responsabilidad penal

Las transacciones fueron realizadas por la entidad edilicia utilizando fondos provenientes de la devolución de 2 millones 815,791 soles, efectuada por el consorcio ejecutor de la obra de agua potable y de alcantarillado en abril de 2017 tras un pago en exceso.

La Contraloría General identificó presunta responsabilidad penal en un exfuncionario y cuatro exservidores edilicios (gestión 2015-2018) y recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones legales correspondientes. 

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